sábado, 24 de mayo de 2008

PRONUNCIAMIENTO

LA FEDERACION REGIONAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS DE PASCO
LA COORDINADORA REGIONAL DE COMUNIDADES AFECTADAS POR LA MINERIA - PASCO
NOS DIRIGIMOS ANTE LA OPINION PUBLICA PARA MANIFESTAR LO SIGUIENTE:
Que, el Gobierno aprista liderado por Alan García, fiel sirviente a los intereses de las oligarquías, de las empresas transnacionales y del sistema neoliberal impuesto desde el imperio, de igual modo refugiándose en su frase “Perro del Hortelano”, esta cumpliendo el mandato de los nuevos dueños del Perú para seguir entregando los territorios y las riquezas naturales de nuestras comunidades campesinas, bajo el pretexto de mayor inversión privada en las tierras comunales para convertirlas en productivas y así contribuyan la desarrollo nacional, aduciendo que hoy son ociosas.
En ese sentido, el Presidente Alan García y el Presidente del Consejo de Ministros Jorge Del Castillo, el pasado 13 de diciembre del 2007 presentaron al Congreso el Proyecto de Ley No 1992 que proponía la modificación de la Ley No 26505, Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las Tierras del Territorio Nacional de las Comunidades Campesinas y Nativas, específicamente el articulo 10 por el cuál se facultaría a los posesionarlos por mas de un año la adquisición de la propiedad con tan solo la aprobación del cincuenta por ciento de comuneros asistentes en la Asamblea y para la adquisición de tierras a terceros solo se requerirá el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los miembros asistentes a la asamblea convocados para este fin.
El 19 de mayo del 2008 el Gobierno promulgo el Decreto Legislativo No 1015, tal como esta tipificado en el Proyecto Ley 1992, aperturando un nuevo episodio de despojo de las tierras comunales y liquidación de las comunidades campesinas y nativas.
Por lo Expuesto:
1.- Exigimos la derogatoria del DL 1015 por ser inconstitucional y vulnerar los derechos colectivos de las comunidades campesinas establecidas en la Constitución Política del Estado, como la propiedad colectiva de las tierras, y reconocidos por diversos instrumentos jurídicos internacionales (Convenio 169 de la OIT y Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas).
2.-Exigimos al Congreso de la Republica rechazar el DL 1015, y censurar al Poder Ejecutivo y al Consejo de Ministros por atentar contra la propiedad de las comunidades campesinas y nativas.
3.-Ratificamos el acuerdo asumido en la Declaratoria de Rancas, que no se debe aceptar la imposición de un Proyecto de Ley que no fuera consultado a las organizaciones campesinas.
4.-Convocamos a la movilización regional para los días 22, 23 y 24 de junio en rechazo al DL 1015 por pretender favorecer a los intereses de las transnacionales y de manera abierta y descarado a las empresas extractivas.
5.-Rechazamos de manera contundentemente las políticas del Gobierno entreguista y cobarde de ALAN GARCIA PEREZ, de igual manera hacemos un llamado a todas nuestras comunidades campesinas, organizaciones sociales de la región Pasco, a las organizaciones nacionales y a los organismos internacionales rechazar esta actitud del gobierno peruano.
6.-Alertamos a las comunidades y pueblos originarios a mantenernos vigilantes ante el llamado de nuestra gloriosa Federación Regional de Comunidades Campesinas y Nativas de Pasco para emprender medidas de lucha en defensa de nuestros derechos y territorios hasta lograr la derogatoria de este nefasto D.L. 1015 implementado por el gobierno aprista.
Cerro de Pasco, Mayo del 2008
Dirección Ejecutiva

jueves, 10 de abril de 2008

EXIGIMOS EL CESE DE PERSECUCION JUDICIAL A DIRIGENTES COMUNALES, AUTORIDADES LOCALES Y DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE

La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería expresa a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:
1.- Hace unos días se ha puesto en marcha una nueva campaña de amedrentamiento y persecución judicial contra dirigentes comunales, autoridades locales y defensores del medio ambiente, de las provincias de Ayabaca y Huancabamba en Piura, con la que se pretende silenciar los justos reclamos de las comunidades de Yanta y Segunda y Cajas, cuyas poblaciones se han manifestado democráticamente en contra de la presencia de la empresa minera Río Blanco (ex Majaz), en esa zona de la sierra piurana.
2.- La participación del denominado Frente por la Unidad y Desarrollo de la Comunidad de Segunda y Cajas, como denunciante, demuestra que la empresa minera está detrás de esas acciones, puesto que esa organización fue creada por la ex Majaz, con la clara intención de dividir a la comunidad de Segunda y Cajas a través de una organización paralela a la organización comunal propiamente dicha. Además, se ha comprobado que esa organización está conformada por personas ajenas a la comunidad.
3.- La denuncia por el delito de terrorismo, contra quienes convocaron y apoyaron la consulta vecinal del pasado 16 de setiembre, carece de sustento jurídico, puesto que esa modalidad de participación ciudadana está contemplada por la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que los municipios pueden convocar a consulta para que la ciudadanía de determinada jurisdicción se pronuncie sobre el modelo de desarrollo que quieren para su localidad.
4.- Es incomprensible la actitud de la Quinta Fiscalía Penal provincial de Piura, instancia que sorprendentemente agilizó la denuncia contra los defensores de la vida, el agua, el agro y el medio ambiente.
5.- Esta denuncia se hace en momentos, cuando el gobierno y sus medios de comunicación aliados, han emprendido una campaña, para supuestamente desenmascarar a organizaciones que intentan desestabilizar al gobierno. Hoy en día se pretende que la ciudadanía crea que todos aquellos que piensan distinto a nuestras autoridades son terroristas.
6.- Desde CONACAMI PERÚ, exigimos el cese de estas acciones hostigamiento y amedrentamiento, que provocan mayor malestar entre la población de la sierra piurana.
7.- Asimismo, reclamamos el respeto y reconocimiento a la consulta vecinal del pasado 16 de setiembre del 2007, a través de la cual se los ayabaquinos y huancabambinos se pronunciaron mayoritariamente en contra de la ilegal presencia de Río Blanco en esa zona del país. Las comunidades no han dado la autorización, ni consentimiento para la explotación minera en sus territorios comunales.


¡BASTA YA DE IMPOSIONES!


¡RESPETO A LA CONSULTA VECINAL!


¡BASTA DE PERSECUSIONES A LOS DEFENSORES DE LA VIDA

Y EL MEDIO AMBIENTE!


CONSEJO DIRECTIVO
CONACAMI PERU

jueves, 3 de abril de 2008

TRABAJADORES MINEROS PIDEN AL CONGRESO QUE LEY DE UTILIDADES BENEFICIE A TODOS

NOTA DE PRENSA
  • Llegaron desde Pasco a Lima en marcha de sacrificio.

    Dirigentes de los trabajadores mineros de Chungar, solicitaron ayer en la sesión de la Comisión de Trabajo del congreso de la república, que preside el legislador Fredy Serna, que sea prioritario, que el parlamento apruebe la modificación del Decreto Legislativo 892, a fin de que las utilidades sean repartidas entre todos los trabajadores, los de planillas y los que laboran para empresas contratistas pero que realizan igual función, en la misma empresa.

    El parlamentario iqueño, presidente de la comisión y sus integrantes, coincidieron en señalar, que será en el pleno del congreso que se solicitarán las modificaciones solicitas, en virtud de que el proyecto de ley se encuentra para su debate y aprobación.

    Se dio cuenta, que más de 700 trabajadores mineros de Chungar, subsidiaria de Minera Volcán, acompañados de sus esposas e hijos, llegaron a Lima en marcha de sacrificio para exigir al Congreso que modifique la norma que legisla el pago de utilidades, a fin de que los servidores de las empresas contratistas, como es su caso, también obtengan este beneficio.

    Para Chungar, que en 2007 tuvo una utilidad neta de 300 millones de soles, laboran 16 empresas cuyos trabajadores, casi 1,800, no gozan de utilidades ni de otros beneficios laborales, según explicó el dirigente sindical Jhonattan González.

    González agregó que esos trabajadores realizan una función igual a los servidores de planillas que sí han recibido utilidades. El secretario de Defensa de la Federación de Trabajadores Mineros, Fidel Reginaldo, informó que en esta condición se encuentra el 80% de los trabajadores mineros.

    También, se informó que se encuentran en huelga los trabajadores mineros de las empresas contratistas que prestan sus servicios a las mineras Huaura, Huarón y Vinchos.

Lima, 03 de abril de 2,008

COMISIÓN DE TRABAJO

miércoles, 12 de marzo de 2008

AUDIENCIA PÚBLICA: “Por la defensa del agua, territorio y la vida en Quispillaccta”

El presidente del gobierno regional de Ayacucho Ing. Ernesto Molina Chávez y las autoridades y líderes de la Comunidad de Quispillaccta, realizarán una audiencia pública para negociar las propuestas de solución al conflicto generado por el embalse de la Presa Cuchoquesera.

La audiencia se desarrollará de manera participativa y concertada, allí se espera concretar el cumplimiento de los acuerdos asumidos por el Gobierno Regional y el Proyecto Especial Río Cachi que beneficiará a la comunidad de Quispillaccta. Otro punto importante a tratar será la sostenibilidad de la irrigación Río Cachi y la buena gestión y manejo del agua en la Presa Cuchoquesera.

El auditorio de la localidad de Cuchoquesera, será el escenario de la AUDIENCIA PÚBLICA: “Por la defensa del agua, territorio y la vida en Quispillaccta”, la misma que se realizará el día sábado 15 de marzo desde las 9:00 de la mañana.

Participarán en la audiencia los representantes y dirigentes de las localidades de Unión Potrero, Puncupata, Catalinayocc, Pampamarca y Cuchuquesera; Comisones de Regantes Chikllarazu Baja, Alta y de Ñawinpuquio; Asociación Centro Social Progreso Quispillaccta –ACSPQ y Asociación de Estudiantes Kanas de Quispillaccta –ASEKAQ; además se contará con la presencia del Alcalde Provincial de Cangallo, Alcalde Distrital de Chuschi y otras autoridades regionales y locales.

Por otra parte, desde el 27 de febrero los Comuneros de Quispillaccta, vienen acatando un paro indefinido impidiendo la entrada de agua a la Presa Cuchoquesera, esta medida de fuerza ha generado la restricción del servicio de agua potable en la ciudad de Huamanga. Se espera que al concluir la Audiencia Pública, la medida de lucha adoptado por los pobladores de Quispillaccta sea resuelta y sus demandas sean atendidas.


Ayacucho, 11 de marzo de 2008

martes, 4 de marzo de 2008

¡Desarrollo para la Vida, no para las mercancías y la muerte!

Las autoridades originarias, organizaciones indígenas, mallkus, líderes y dirigentes de las Primeras Naciones Aymara, Quechua, Poqra, Mapuche, Kichwa, Pemón, Miskitu, Wayuu, Guaraní, Ayoreo, Chiquitano y otros, como parte de las más de 400 sociedades y culturas existentes con formas de "buen vivir" previas a la idea del "rollo del desarrollo" de la IIRSA, asistentes al Taller Internacional convocado por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) sobre "Pueblos Indígenas e IIRSA", reunidos durante los días 18 y 19 de enero en la ciudad de La Paz, Bolivia, contando con la participación solidaria de la COICA, el MST y organizaciones indígenas de Venezuela, Paraguay, Uruguay, Nicaragua y Honduras, hemos adoptado la siguiente Resolución: INFORMAR que la IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) que nace en el 2000, es un proyecto común de doce Estados suramericanos, implementado mediante las autoridades responsables de la infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones. El megaproyecto IIRSA está respaldado principalmente por tres instituciones financieras: BID, CAF y el Fonplata. También está respaldado por el cofinanciamiento de cada Estado Suramericano, tal como BNDES, y por otras instancias como la Unión Europea. La IIRSA consta de diez ejes de supuesta "integración y desarrollo" que abarcan 507 proyectos de infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones, con una inversión de más de 68,910 millones de dólares y que se vincula con el Plan Puebla Panamá. La IIRSA incluye proyectos de integración de productos y de mercados, reforzando el rol subordinado de nuestros países de proveedores de materia prima para las grandes industrias transnacionales. Las naciones y pueblos indígenas venimos sufriendo los impactos socio-ambientales y la violación de nuestros derechos humanos como efecto de la implementación de estos proyectos. Los hechos demuestran que IIRSA está provocando una acelerada destrucción de la Amazonía, del ecosistema del Pantanal, de los Andes y del Chaco, dañando territorios de los pueblos indígenas, comunidades costeras y ribereñas, desplazando miles de personas, con pérdida de biodiversidad, de medios de vida, agravando la pobreza y arriesgando la pervivencia de las futuras generaciones. REITERAR que somos hijos de la Pachamama, no sus dueños, menos sus dominadores, vendedores y destructores, por lo cual nuestra vida depende totalmente de ella y por ello desde milenios atrás construimos nuestras propias formas del mal llamado "desarrollo", es decir nuestro Sumaq Kawsay / Sumaq Qamaña, que debe ser respetado. Nuestro Buen Vivir como alternativa legítima de bienestar en equilibrio con la naturaleza y espiritualidad, está muy lejos de la IIRSA, que nos quiere convertir en territorios "de tránsito" de mercancías, de huecos mineros y ríos muertos de petróleo. Sí queremos carreteras e hidrovías, pero no a ese costo, no para ver pasar camiones o barcos de las transnacionales, sino para que ayuden a nuestra propia producción comunitaria. Que se priorice la lucha contra el analfabetismo y desnutrición en nuestros pueblos y nuestras alternativas productivas comunitarias, y no más deuda externa para el falso desarrollo del asfalto, cemento y fierros. DENUNCIAR que los gobernantes de Sudamérica borran con el codo lo que hacen con la mano. Los mismos que aprobaron (excepción, como siempre, de Colombia) la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas ( 13.09.2007) la violan todos los días, aplicando los proyectos de la IIRSA afectando nuestras vidas, culturas, sueños. Todos son además miembros del BID que empuja la IIRSA y como Banco no rinde cuentas a nadie. SOLICITAR la intervención del Alto Comisionado en Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para que un Relator Especial efectúe una investigación inmediata de este gigantesco impacto de etnocidio y ecocidio en Sudamérica con la IIRSA, que además agravará la ya grave crisis climática global. Los hermanos del Foro ONU para Cuestiones Indígenas, que ayuden en esta incidencia en todo el sistema de Naciones Unidas. ORGANIZAR denuncias jurídicas nacionales e internacionales, que en defensa de nuestros derechos constitucionales y de tratados como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración ONU de Derechos Indígenas (Ley Nº 1257 y Ley Nº 3760 respectivamente en Bolivia) establezcan actos pre-cautelatorios que suspendan los proyectos IIRSA donde hay agresiones previsibles sociales y ambientales. Ello incluye el apoyo a la demanda en curso del Pueblo Wichi de Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contra la minería vinculada a la IIRSA que pretende destruir sus fuentes de vida. SOLICTAR entrevistas con los presidentes del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fonplata, Banco Europeo de Inversiones, Corporación Andina de Fomento, para analizar por qué financian y sostienen proyectos como los de la IIRSA si ni siquiera nos conocen bien, nunca nos consultaron y ni siquiera escuchan nuestros reclamos. ALERTAR nuestra preocupación sobre la actuación del gobierno brasileño, del Banco Nacional de Desarrollo Económico Social (BNDES) y las empresas transnacionales brasileñas (Odebrecht, Vale, Petrobrás, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galváo y otros), quienes han contribuido fuertemente para la implementación de la IIRSA y sus daños ambientales y a los pueblos indígenas y comunidades locales en todo Sudamérica; y DEMANDAR una reunión con el Presidente del Brasil y el presidente del BNDES, para que escuchen a nuestros pueblos, y una ocasión puede ser durante la Cumbre UE-CAN en mayo del 2008 en Lima. LLAMAMOS a los presidentes progresistas del continente a honrar su compromiso de adhesión a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, sumándose a la posición del Presidente Evo Morales de "revisar la IIRSA para tomar en cuenta las preocupaciones de la gente…". Solicitamos al Presidente Hugo Chávez, en el caso del conflicto del Estado Zulia, Municipio Mara del Socuy, con los pueblos indígenas Wayuu, Bari y Yutpa, que derogue las concesiones mineras de carbón y revise los proyectos IIRSA asociados a esa minería, para evitar la destrucción de la sierra de Perijá, el perjuicio a las poblaciones indígenas que habitan la región y la indeseable contribución al calentamiento global. SOLICITAMOS a nuestro hermano Evo Morales en el caso de la Carretera Bioceánica Santa Cruz – Puerto Suárez, que afecta el territorio y los derechos del pueblo indígena Chiquitano, reorientar el proyecto para incluir acciones de desarrollo con identidad, de justa compensación por los impactos sociales y ambientales, y asegurar que las comunidades sean efectivamente beneficiadas por la integración. Asimismo, revisar, en consulta con los pueblos indígenas, la Carretera Bioceánica y los corredores de integración que atraviesan el territorio boliviano, para garantizar beneficios concretos a las comunidades afectadas. En el proyecto brasilero de represas en la cuenca del río Madera, que afectará a Brasil, Bolivia y Perú, el gobierno de Bolivia tome las medidas necesarias para proteger los derechos de los pueblos indígenas bolivianos y de los demás países, cautelando que no sean afectados por el desastre social y ecológico que podrían provocar las inundaciones de estas represas de ser ejecutadas. LLAMAR a las comunidades de los pueblos y organizaciones indígenas de Sudamérica afectados por la IIRSA a declararnos en ALERTA y MOVILIZACIÓN permanente para exigir la máxima información sobre los impactos de estos proyectos y nuestro derecho de consentimiento o de rechazo, que sea previo, libre, informado, en lengua propia, de buena fe, en nuestras localidades y a través de nuestras organizaciones representativas. REFORZAR la alianza que hemos construido entre las coordinadoras de los pueblos indígenas andinos (CAOI), amazónicos (COICA) y de Centroamérica (CICA) para afrontar la avalancha de la IIRSA y lograr su reorientación y reconstitución profunda desde las propuestas de nuestros pueblos y comunidades. LLAMAR a los hermanos que resisten a este modelo desarrollista neoliberal impulsado desde el Brasil, a ampliar nuestra alianza, y en especial al Movimiento Sin Tierra (MST), Movimiento Contra las Represas (MAB) y Red de Monitoreo de Bancos (Rede Brasil sobre IFMs). ANUNCIAR la construcción de una campaña por la reorientación de la IIRSA que culmine con un encuentro mundial de las fuerzas solidarias de todas las fuerzas solidarias que luchan en el Abya Yala y también en Europa, durante el Foro Social Mundial a efectuarse en Belém do Para (enero 2009) y acelerar nuestras coordinaciones para efectuar el lanzamiento durante la Cumbre Social de los Pueblos en mayo 2008 en Lima, Perú.


La Paz, 19 de enero de 2008
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas
Organizaciones Indígenas Andinas y de Abya Yala

¡POR LA PAZ Y LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS!

Los Pueblos Indígenas de Colombia por siempre hemos estado en medio de un conflicto que no nos pertenece, nos han sembrado la guerra con balas para expropiarnos de nuestros territorios ancestrales, para sembrar en ellos un desarrollo económico insostenible para nuestra pervivencia y el mundo.Siempre hemos ratificado nuestro compromiso de liberar la Madre Tierra de todos los actores generadores de violencia, ya que el conflicto se centra más en nuestros territorios ancestrales, pues es allí donde se protegen las riquezas que hoy el mundo globalizante requiere para seguir alimentando el capitalismo salvaje de unos pocos, como lo exige la Banca Mundial y el comercio internacional, y para ello el Gobierno Nacional legisla a su favor y en contra de la Soberanía Nacional; lo cual lo corroboran leyes y tratados como el Estatuto de Desarrollo Rural, la Ley de Páramo, los TLC con EEUU y EUROPA, el Plan Colombia, la Ley de Justicia y Paz, que legitima la impunidad de los paramilitares, y el impulso de nuevas leyes que cursan en el Congreso, como la de Comercialización de la Madera, pese a que se desmontara la Ley Forestal por no ser consultada con los pueblos indígenas y afros.Nuestra posición razonable de defensa de la madre tierra es inmodificable: DEFENSA DE LA VIDA DIGNA Y DE LA PERVIVIENCIA DE TODOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES. Por ello nuestras acciones de resistencia para protegerla son consideradas como inconvenientes para todos los actores armados, y en especial para el gobierno colombiano, que ven nuestras posiciones y acciones como actos terroristas, siendo estigmatizados, perseguidos, asesinados, desplazados de nuestros territorios, y para convalidar sus propósitos nos desconoce ante la comunidad internacional, al no adoptar la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, actitud discriminatoria contra los Pueblos ancestrales.Le hemos dicho al Estado Colombiano que no estamos de acuerdo con el reinado de la impunidad oficial paramilitar por no garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral, premiando a los generales, paramilitares y financiadores a penas mínimas por delitos de genocidio y exterminio cometidos contra la población colombiana, indígena y campesina. Asimismo, como garante de los DDHH y de DIH, debe cumplir sin dilaciones los mandatos adquiridos con la comunidad internacional en cumplimiento de los derechos del pueblo colombiano.Por todo lo anterior, ratificamos nuestra posición de seguir en LEVANTAMIENTO INDÍGENA de la mano de otros sectores, que igual que nosotros padecen el rigor del conflicto social y armado interno que vive Colombia. Nunca hemos sido neutrales al conflicto, porque nuestra máxima es seguir luchando por la VIDA y la DIGNIDAD.Por ello, NO MARCHAMOS AL LADO DE UN GOBIERNO que se niega a reconocer y acatar los derechos humanos y la paz. Somos conscientes de que por vías militares no se puede conducir y llegar a obtener una paz integral, sino por una salida negociada al conflicto social y armado que garantice el respecto a la diferencia y dé cumplimiento total a nuestros derechos propios y constitucionales.Esta vez no marchamos, porque no queremos ser víctimas de un fuego siniestro que quiere vincularnos a la CEGUERA AUTORITARIA DE LA BURGUESÍA Y DE LOS INTERESES EXTRANJEROS, que nos conduce al despojo y a la guerra.Nunca haremos del DOLOR DE LA VÍCTIMAS un instrumento para socavar nuestro derecho a la vida y a los derechos de los pueblos indígenas.


AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDÍGENA - ONIC."POR LA CONSOLIDACIÓN DEL GOBIERNO PROPIO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS"Consejero Mayor, Luis Evelis Andrade Casama.